El mayor delito que uno puede cometer en México en la actualidad es decir la verdad y señalar al poder.
Es un poder disfrazado de democracia pero tiene trono absoluto porque es un cartel disfrazado de gobierno, que no solo encarcela al disident, lo asesina.
En mi caso, hay momentos en la vida en que el suelo desaparece bajo tus pies.
No metafóricamente. Literalmente. Un día eres una persona con nombre, con historia, con familia, con proyectos, y al siguiente eres un expediente, un número de carpeta judicial, un rostro proyectado en una pantalla ante millones de personas desde el púlpito más poderoso de México, señalado como amenaza a la seguridad nacional.
Eso me pasó a mí.
Y hoy, después de años de lucha, de humillación pública, de persecución documentada, de trampas tendidas en países extranjeros, de madrugadas leyendo resoluciones judiciales buscando la palabra que cambie el rumbo de tu vida, puedo decir algo que muy pocos en este país han podido decir frente al poder que se me vino encima.
Gané.
El tribunal más cruel no tiene toga
Antes de hablar del juzgado federal que finalmente me dio la razón, necesito hablar del tribunal que más daño me hizo. Ese tribunal no tiene juez con toga. No tiene expediente numerado. No tiene garantías constitucionales. No tiene derecho de audiencia ni presunción de inocencia.
Ese tribunal son los medios de comunicación controlados por el poder.
Cuando el Estado decide destruirte, no comienza con una orden de aprehensión. Comienza con una narrativa. Te construyen una historia. La repiten hasta que se vuelve verdad en la mente colectiva. Te condenan antes de cualquier proceso. Te ejecutan simbólicamente en el espacio público sin que puedas defenderte, sin que nadie te pregunte tu versión, sin que ninguna garantía constitucional te proteja de ese linchamiento mediático calculado y quirúrgico.
La presunción de inocencia, ese derecho humano fundamental grabado en el artículo 20 de nuestra Constitución, no existe en las pantallas de los medios que obedecen consignas. Ahí eres culpable desde el primer titular. Y esa condena mediática es la más difícil de revertir porque no tiene instancia de apelación, no tiene recurso de revisión, no tiene tribunal que la corrija.
Yo viví eso. Lo viví en carne propia. Y entendí que el objetivo no era llevarme a un juzgado. El objetivo era destruirme públicamente primero, para que cuando llegara el proceso judicial, la opinión pública ya hubiera dictado sentencia.
La mañanera como instrumento de condena
Existe un espacio en México que durante años funcionó como el tribunal supremo de la reputación pública. Un espacio donde una declaración del poder ejecutivo equivalía a una sentencia sin proceso, sin pruebas, sin defensa posible.
Desde ese espacio, la entonces presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad me señalaron públicamente. Me colocaron en una categoría que en cualquier estado democrático tendría consecuencias jurídicas gravísimas para quienes lo hacen. Me declararon amenaza a la seguridad nacional de México.
Piensen en lo que significa eso. Piensen en el peso de esas palabras. Piensen en lo que le pasa a una persona, a su familia, a sus relaciones, a su trabajo, a su salud mental, cuando el aparato de seguridad del Estado te señala frente a todo el país como un peligro público.
Y piensen en algo más. En que todo eso ocurrió sin proceso. Sin sentencia. Sin prueba alguna presentada ante tribunal competente. Sin que nadie me preguntara nada. Sin que pudiera defenderme.
Eso no es justicia. Eso es la negación más absoluta de todo lo que una sociedad democrática dice ser.
Pero yo seguí de pie. Porque cuando no tienes más recurso que la verdad, la verdad se vuelve tu única arma y resulta ser la más poderosa de todas.
Eduardo Fuentes Celestrin y la anatomía de una persecución
Detrás de todo esto hay un nombre. Un agente del Estado. Una figura que hemos logrado documentar con precisión como el arquitecto de esta persecución sistemática.
Eduardo Fuentes Celestrin.
No voy a detallar aquí todo lo que tenemos documentado porque ese momento llegará en su oportunidad y en el foro que corresponde. Pero sí diré esto. Cuando una persecución te sigue a través de fronteras internacionales, cuando las coincidencias se acumulan hasta volverse imposibles de ignorar, cuando en Portugal, lejos de México, documentas que la trampa viajó contigo, ya no estás ante errores del sistema. Estás ante una operación.
Y las operaciones dejan huellas. Las huellas generan expedientes. Los expedientes construyen casos. Y los casos, eventualmente, llegan a los tribunales que corresponden.
Hemos documentado todo. Cada paso. Cada coincidencia que dejó de ser coincidencia. Cada momento en que la mano del Estado apareció donde no debía estar.
El tiempo de rendir cuentas por eso se acerca. Y no será en México donde esa rendición de cuentas ocurra.
La orden de aprehensión y el día que volví a ganar
El 8 de agosto de 2025, un Juez de Control libró una orden de aprehensión en mi contra. Para quienes no están familiarizados con el sistema penal acusatorio mexicano, eso significa que en cualquier momento agentes de la policía podían llegar a donde yo estuviera, detenerme físicamente y presentarme ante un tribunal.
Era la escalada más grave de toda esta persecución.
Lo que el sistema no contaba era que yo ya tenía calidad de víctima reconocida mediante amparo previo respecto de los mismos hechos. Lo que el Juez de Control ignoró, o prefirió ignorar, es que no puedes ser simultáneamente víctima e imputado de los mismos hechos sin destruir la coherencia de todo el sistema jurídico. Lo que el Ministerio Público no pudo acreditar, después de años de investigación y catorce datos de prueba presentados ante el juez, es el elemento más básico que su propia acusación requería. Nunca pudieron demostrar que yo era el constructor de esa obra. Porque no lo era.
Interpuse amparo. Y el 27 de febrero de 2026, la Jueza Décimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Ruby Celia Castellanos Barradas, dictó sentencia.
La Justicia de la Unión me ampara y protege.
La orden de aprehensión quedó cancelada.
Una jueza que actuó con independencia
Quiero detenerme aquí un momento para decir algo que no siempre se dice en México porque decirlo tiene un costo.
La jueza Castellanos Barradas actuó con independencia judicial en un caso con presión política documentada. No sé lo que habrá enfrentado puertas adentro. No sé qué conversaciones habrá tenido, qué presiones habrá recibido, qué peso habrá cargado al momento de firmar esa sentencia.
Lo que sí sé es que la firmó. Que estudió el expediente. Que encontró las violaciones constitucionales que existían. Que aplicó la jurisprudencia de la Suprema Corte sin doblarse. Que le dijo al Juez de Control responsable, con la precisión técnica del derecho pero con la claridad de quien sabe lo que está señalando, que la temporalidad de los hechos debía precisarse, abriendo con ello una puerta que la acusación difícilmente podrá cerrar.
En un país donde la independencia judicial está bajo una presión extraordinaria, ese acto merece ser nombrado y reconocido. No como elogio vacío sino como registro histórico de que hubo una jueza que ese día hizo lo que tenía que hacer.
Esto no es solo mi historia
Mientras yo tenía acceso a abogados, a recursos, a la posibilidad de construir una defensa durante años, millones de personas en México enfrentan situaciones similares absolutamente solas.
El sistema penal mexicano puede destruir una vida sin necesidad de una sentencia condenatoria. Basta con una orden de aprehensión. Basta con meses de prisión preventiva mientras se resuelve un proceso. Basta con el estigma público de haber sido señalado. Basta con los años y los recursos que consume defenderse, aunque finalmente ganes.
El acceso a una justicia pronta y expedita, ese derecho consagrado en el artículo 17 constitucional, es en México un privilegio disfrazado de derecho. Quien no tiene recursos económicos, quien no tiene redes, quien no tiene visibilidad, enfrenta el mismo sistema que yo enfrenté pero sin las herramientas que yo tuve.
Eso es lo que más me pesa de todo este proceso. No lo que me hicieron a mí. Sino saber que lo que me hicieron a mí se le hace a miles de personas que no tienen voz para contarlo, que no tienen abogados para combatirlo, que no tienen plataforma para denunciarlo.
Esta victoria no es solo mía. Es una demostración de que el sistema puede ser derrotado cuando se tiene la determinación, la documentación y la verdad de tu lado. Y es también un recordatorio urgente de que ese sistema necesita cambiar para todos, no solo para quienes pueden costearse la batalla.
Lo que viene
No termina aquí. Sé que recurrirán esta sentencia. Sé que interpondrán cada recurso disponible. Sé que intentarán alargar este proceso hasta el agotamiento.
Pero hay algo que esta persecución no calculó correctamente desde el principio. Cada recurso que interpongan construye más expediente. Cada impugnación que presenten agrega más documentación a un caso que ya tiene vida propia más allá de las fronteras de México. Cada acción judicial adicional profundiza el registro de lo que ha ocurrido y quien lo ha impulsado.
Hay procesos en curso en otras jurisdicciones. Hay documentación acumulada durante años. Hay conversaciones con abogados en otros países cuyo nombre no menciono todavía porque el momento de hacerlo no ha llegado.
Lo que sí diré es esto. Cuando alguien te persigue a través de fronteras internacionales, cuando un agente del Estado diseña operaciones que trascienden la jurisdicción mexicana, cuando se violan tratados internacionales y acuerdos que tienen consecuencias en otros sistemas jurídicos, la rendición de cuentas no puede limitarse a los tribunales de un solo país.
Ellos saben lo que viene. Y yo también.
Hay una imagen que me persiguió durante todo este proceso. La imagen de estar solo frente a una maquinaria enorme, opaca, poderosa, con recursos ilimitados y sin escrúpulos. Una maquinaria que usa el nombre del Estado para cubrir lo que en realidad es una persecución personal, política, calculada.
Y sin embargo aquí estoy.
No victorioso en el sentido fácil de la palabra. No sin cicatrices. No sin el peso de lo que estos años le hicieron a mi familia, a mis proyectos, a mis sueños, a las noches en que el miedo es más real que cualquier argumento jurídico.
Pero aquí estoy. Con una sentencia federal que dice en blanco y negro que el Estado se equivocó. Con una orden de aprehensión cancelada. Con la documentación de una persecución que tiene nombre y apellido. Con procesos en marcha que ellos no pueden detener.
Y con algo que ninguna orden de aprehensión, ninguna mañanera, ningún medio controlado, ninguna operación de inteligencia puede quitarle a nadie.
La certeza de haber dicho la verdad desde el primer día.
Esa certeza no se cancela con ningún recurso de revisión. No se impugna ante ningún tribunal. No se negocia con ningún poder.
Es lo único que necesité para seguir de pie todo este tiempo.
Y es lo único que necesito para lo que viene.
